La economía capitalista es una de las bases de nuestra sociedad del bienestar, gracias a ella podemos disfrutar de ciertas libertades que serían imposibles de otro modo.

Cualquiera puede crear una empresa, venderla, comprar otra y hacer casi lo que le dé la gana, especialmente en Estados Unidos, donde el agujero negro en el que parecen haber caído algunas empresas es asombroso, todo gracias a estas libertades empresariales que se podría decir que incitan a la especulación.

Podemos hablar de que la economía del mundo capitalista se tambalea cuando vemos cómo empresas estadounidenses requieren la intervención del gobierno para mantenerse a flote. Las mismas empresas que reniegan de la intervención del gobierno cuando las cosas van bien, ahora le piden ayuda. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? ¿Darles el dinero y que la cosa siga como antes?

Michael Moore en un artículo publicado en su página web recientemente nos daba una respuesta bastante acertada y es que deberíamos hacer lo mismo que hacen los bancos cuando nos prestan dinero. Cuando pides un préstamo para pagar una casa y te hipotecas, la casa pertenece al banco hasta que saldas tu deuda. Si por alguna circunstancia no pudieras seguir pagando, el banco está en su derecho al subastar tu casa y dársela al mejor postor. ¿Por qué no hacemos nosotros algo parecido?

Las ayudas gubernamentales que ofrecerán los Estados Unidos a sus empresas van a abrir un agujero de 700 billones de dólares (700.000.000.000 $), dinero que los estadounidenses no volverán a ver. Sin embargo, esas mismas empresas, muchas de las cuales son bancos o son dueñas de entidades bancarias, sí exigirán a los ciudadanos el pago de todos los préstamos pendientes de cada uno de ellos.

¿Permitirías que algo así ocurriese en España? (¿y en tu país de origen, si no eres español?)

La Unión Europea está pensando seriamente al igual que ocurre con otras medidas con las que obliga a las empresas a dar un servicio más barato a los usuarios, proponer a éstas que los usuarios de telefonía móvil paguen por recibir llamadas como ya ocurre en los Estados Unidos.

El objetivo que se prtende con esta medida es la de reducir las tarifas que se cobran entre sí las operadoras por poner en contacto al usuario con su destino final aunque sea a costa de que todo el mundo pague en su factura.

De llegarse a producir esta situación todos nos lo pensaríamos mucho más a la hora de utilizar el teléfono y como la propia compañía Vodafone advierte, hasta 40 millones de usuarios podrían dejar de usar el móvil si tienen que hacer frente a estos nuevos gastos.

Sería ya el colmo, no es suficiente tener que pagar el establecimiento de llamada, como también tener que pagar por recibir llamadas, ante esta situación muchas personas utilizarían los sms que saldrían más económicos.
Al respecto el gobierno ha lanzado una lanza a favor de los usuarios españoles de móviles y en contra de esta propuesta de la Unión Europea, asegurando que no permitirá que paguemos por recibir llamadas sí finalmente sale adelante esta propuesta.

Una vez superada la polémica de las famosas hipotecas “subprime” a la que muchos expertos catalogan como uno de los males que han provocado la crisis mundial, se une ahora la polémica de otro tipo de “subprime” en este caso tarjetas de crédito.

En EE.UU. muchas personas se ven obligados a utilizar este tipo de tarjetas debido a que para su utilización se requiere una baja puntuación en el historial de crédito o porque se conceden cuando no se dispone de dicho historial como es el caso de los inmigrantes. Se trata de tarjetas cuyo límite se sitúa en los 500 dólares y cuyas tasas e intereses son mayores debido al mayor riesgo que las entidades bancarias asumen.

La polémica se sitúa básicamente en que mientras las compañías financieras las presentan como una oportunidad de financiación muchas organizaciones de consumidores las ven como un auténtico abuso.

Según estudio hecho público por Citizens for Equal Access to Credit (CEAC), una organización no lucrativa en Washington, que agrupa a ciudadanos, organizaciones de negocios, banqueros y cámaras de comercio asegura que el 34% de los encuestados consiguieron mejorar su puntuación de crédito en un período de 24 meses.

Por otra parte, los abusos unidos a la caída del mercado subprime hipotecario hace que el Gobierno consideren regular los mercados subprime, en todas sus modalidades.

Ya se encuentra en curso una regulación por la cual las tasas que conlleva el uso de una de estas tarjetas de bajo límite (que a veces llegan a ser hasta el 75% del límite autorizado) deban pagarse de antemano, en lugar de a plazos como ocurre ahora.

Desde las organizaciones se anima a los usuarios a que se informen y opinen sobre los nuevos cambios.

Con motivo de la crisis económica y sobre todo con el aumento imparable que están registrando los precios de las materias primas relacionadas con la energía, fundamentalmente el petróleo surge el debate acerca de la idoneidad o no de llevar a cabo la construcción de centrales nucleares.

La preocupación sobre un hipotético desabastecimiento de petróleo así como el agotamiento en un futuro no muy lejano de esta fuente energética también contribuyen a alimentar el debate.

Sindicatos, políticos, expertos… piden al gobierno que reconsidere la opción de crear centrales nucleares ya que aunque se requiere de una inversión de alrededor de 3.000 millones de euros, el coste por Megavatio/h resulta ser el más barato frente a otro tipo de energías, como la resultante de utilizar carbón o petróleo.

Obviamente el lado contrario a que se construyan estas centrales nucleares, lo integran los ecologistas ya que aunque en teoría cuenta con la ventaja de que no emite CO2 a la atmósfera siendo una alternativa más limpia, conlleva riesgos elevados para la salud de todos los habitantes que vivan cerca de una central de este tipo ante una hipotética fuga radioactiva. Solamente hay que recordar el caso más extremo de Chernobyl o los casos más recientes en España con fugas leves de radioactividad en centrales como Ascó.

Después de la reunión del Banco Central Europeo se ha generado una polémica acerca del carácter independiente de este organismo y sobre la idoneidad de las manifestaciones de su presidente Jean Claude Trichet, en las que advertía de un posible aumento de los tipos de interés en el mes de julio y la reacción al día siguiente que sufrió el euribor, que es un indicador ligada a la evolución de los tipos de interés y que marca las cuotas de los préstamos hipotecarios de la mayoría de los españoles.

La principal reacción ha sido la del presidente del gobierno Zapatero quién se ha inmiscuido de alguna manera en el carácter independiente del BCE, al recomendar a Trichet que fuera más prudente en sus declaraciones.

Pero Zapatero si lleva razón en que dada la actual situación de la economía española, las manifestaciones del presidente del BCE en vez de ser beneficiosas, crean alarma social e inestabilidad en los mercados ya que por ejemplo de un día para otro el euribor ha pasado del 5.12% al 5.41%, con los perjuicios económicos para los que tengan que revisar próximamente sus hipotecas.

Si ya hubo cierta polémica durante la campaña electoral cuando Zapatero prometió para aliviar las maltrechas economías de las familias españolas, con la ayuda de hasta 400 euros a los contribuyentes que percibieran rentas del trabajo en un principio y después se vió obligado a rectificar su discurso, para añadir que los pensionistas y autónomos con retenciones en sus nóminas, también tendrían derecho a esta ayuda, ahora surge una nueva polémica.

La cuestión es que lo que en marzo parecía un cheque-regalo de un máximo de 400 euros en función de las retenciones sufridas por cada uno, ahora resulta que no es tal regalo ya que en la declaración de la renta del próximo año, nos tendremos que deducir adicionalmente este dinero, es decir no actúa como un impuesto negativo.

De ello resulta que al contribuyente que le hayan retenido 1000 euros en todo el año y después de aplicarse las correspondientes deducciones de vivienda, gastos jurídicos… no le alcanza para deducirse además esos 400 euros, tendremos finalmente que la persona que en un principio cobró esa ayuda, no tiene derecho a toda ella, teniendo que devolver una parte ó todo lo que cobró.
Entonces se deduce que Zapatero engañó a todos los españoles que simplemente le votaron por pillar ese dinero, dando lugar a unos contribuyentes más beneficiados que otros por no regular lo que prometió debidamente.

El término “paraíso fiscal” es uno de los más conocidos y denigrados de cuantos se escuchan habitualmente relacionados con el mundo de la economía. En una sociedad global, con fortunas y negocios goblales, lo que era un práctica habitual pero semi desconocida en décadas pasadas se ha convertido en algo relativamente habitual, no siendo ajeno en absoluto al común de la sociedad.

La facilidad en el transporte, la mejora y rapidez en los medios, así como la mejora de las telecomunicaciones ha posibilitado que a día de hoy sea más sencillo, cómodo y rápido acudir a la figura del paraíso fiscal. Medios como internet, el teléfono móvil y la capacidad de realizar todo tipo de operaciones desde ellos, ha hecho aún más fácil y accesible el establecimiento de fortunas en lugares remotos.

Pero, ¿qué es realmente un “Paraíso Fiscal”? Una sencilla definición haría referencia al lugar físico en el que los impuestos, o son inexistentes o son muy bajos, hecho este que posibilita que se establezcan allí domicilios fiscales con la idea de aprovecharse de esta situación.

Pese al habitual componente negativo que suele conllevar este término, no siempre su significado ha de ser negativo o sinónimo de ilegal, sino que depende, siempre, de la situación particular de cada territorio y empresa o particular, debiéndose analizar en profundidad cada situación antes de emitir un juicio.