A raíz de una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid en la que obliga al colegio público Macías Picavea a descolgar los crucifijos en las aulas y espacios comunes tras una denuncia interpuesta por un grupo de padres de alumnos en el año 2005 ha desatado la polémica en los colegios, en los medios de comunicación y en la sociedad en general.

Se trata de la primera sentencia de este tipo en nuestro país y según la sentencia, mantener los símbolos religiosos en las escuelas públicas vulneraría los derechos fundamentales que recoge la Constitución española en sus artículos 14 y 16.1 referentes a la igualdad y libertad de conciencia. La sentencia se refiere también a la laicidad y neutralidad del Estado Español.

El juez además llega a hacer apreciaciones educativas al señalar que los jóvenes estudiantes ante la presencia de los crucifijos podría condicionar la conducta al estar en una edad de construcción de la personalidad “especialmente sensible”. La denuncia de esta sentencia por parte de entidades eclesiásticas y asociaciones de padres con tendencia católica no se han hecho esperar.